El lobo, en peligro: un retroceso histórico

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EL LOBO NOS NECESITA MÁS QUE NUNCA

Perseguido y acusado sin razón de todos los males del campo, se ha convertido en víctima de los bulos y la desinformación. Quienes atacan al lobo ignoran su papel ecológico clave y, sobre todo, la evidencia científica sobre la frágil recuperación de esta majestuosa especie.

Esta campaña anti-lobo ha avanzado con fuerza en marzo. Primero, la Comisión Europea inició el proceso para rebajar su estatus dentro de la ley que salvaguarda la naturaleza, la Directiva Hábitats. Después, el Congreso de los Diputados retiró la protección del lobo dentro del LESPRE, dando luz verde de nuevo a su caza y persecución sistemática al norte del Duero: un retroceso histórico que podría extenderse a todo el país si culmina el proceso de rebaja a nivel europeo.

No es solo un ataque contra el lobo. Estas maniobras pasan por encima de los datos científicos y el interés general que deben guiar este tipo de decisiones. Es un precedente muy peligroso que amenaza todo el marco legal que protege la biodiversidad. Hoy es el lobo, pero mañana puede ser otra la especie en el punto de mira.

En el caso de España, la propuesta del Congreso (colada por la puerta de atrás en una ley totalmente ajena al tema, la de desperdicio alimentario) implica volver al escenario previo a 2021: un modelo fallido basado en matar cientos de lobos cada año, que no había reducido los ataques a la ganadería extensiva ni el conflicto asociado, ni había sacado a la especie de su estado de conservación desfavorable.

La protección del lobo estuvo ligada a una inversión financiera sin precedentes para la coexistencia con la ganadería extensiva, con 20 millones de euros transferidos anualmente desde el Estado a las Comunidades Autónomas: unos fondos que ahora se anulan. Nunca hubo tanto dinero disponible para prevenir con eficacia los daños al ganado y compensar con justicia los ataques. Lamentablemente, las principales CCAA loberas y algunos grupos políticos han preferido echar gasolina al conflicto y prometer cabezas de lobos, en vez de comprometerse con soluciones reales.

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EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS AUTONÓMICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL LOBO

Es la conclusión de nuestro informe ¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo, en el que hemos evaluado si las CCAA, responsables de la gestión de la especie, están haciendo sus deberes. Y todas suspenden, pues ninguna ha alcanzado lo que desde WWF consideramos el compromiso mínimo en cuatro pilares: financiación suficiente para prevenir daños al ganado, compensaciones rápidas y justas en caso de ataques, participación y transparencia en la gestión, y planes y medidas para una conservación eficaz.

En el análisis hemos incluido las CCAA donde la especie ha regresado recientemente o que cuentan con una presencia esporádica, pero hemos puesto la lupa en las regiones del noroeste, el mayor bastión del lobo. Es llamativo que en Asturias, Cantabria y Castilla y León los mecanismos de apoyo público para la adopción de medidas preventivas están entre los peor valorados del país.

Con el informe no pretendíamos evaluar la situación poblacional de la especie, sino la voluntad política y los mecanismos que hacen posible su conservación y la reducción del conflicto. Otra conclusión es que, pese al suspenso generalizado, los fondos estatales para la coexistencia habían supuesto una pequeña mejora en el buen camino: un avance que los grupos políticos anti-lobo han dinamitado en el Congreso.

Con este informe queremos poner las cartas sobre la mesa y revelar la inacción y la falta de compromiso de quienes usan al lobo como chivo expiatorio. Frente a ello, desde WWF seguiremos trabajando para proponer e impulsar soluciones reales, porque la coexistencia es el único camino. Y por supuesto, no dejaremos de defender a esta especie fundamental para la salud de los ecosistemas: vamos a vigilar con lupa cualquier autorización para matar lobos y tomaremos acciones legales ante cada caso que incumpla la normativa vigente.

Luis Suárez, Coordinador de Conservación, explica el reciente análisis a las CCAA