Los delitos contra la fauna silvestre son devastadores, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. España está a la vanguardia europea en muchos aspectos de la lucha contra esta amenaza, como por ejemplo la intervención de los equipos que combaten el uso de veneno en el campo. Sin embargo, la mayoría de estos delitos no son juzgados. De hecho, se tratan como una infracción leve y otros muchos quedan sin resolver. Por eso, nos preocupa que el caso más grave de los últimos años, en el que murieron envenenadas tres águilas imperiales en Cuenca, no se haya juzgado hasta el momento, tras más de dos años desde que ocurriera el crimen. Es esencial que los jueces y fiscales actúen con determinación, ya que está habiendo un repunte del veneno en Castilla-La Mancha que podría poner en peligro la recuperación del águila imperial.

Esperamos que la trasposición de la nueva Directiva Penal Ambiental europea, que fue aprobada el pasado mes de abril, ayude a mejorar los medios y recursos para perseguir y juzgar estos delitos y permita mejorar la lucha contra el crimen ambiental en España.