Directiva de Diligencia Debida

Las empresas y la forma en que desarrollan su actividad son piezas clave en la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza.

Raquel García, técnica del programa de Clima y Energía de WWF España, explica la normativa que sirve para evaluar el comportamiento de las grandes empresas que desarrollan su actividad en Europa.

¿Cuál es el objetivo de la Diligencia Debida?

La Diligencia Debida es una herramienta para analizar los impactos de la actividad de las grandes empresas en la naturaleza y sobre los derechos humanos, teniendo en cuenta toda la cadena de valor, es decir, desde que se fabrica el producto hasta que se elimina o se recicla. Busca mitigar los riesgos a largo plazo y garantizar que todas las empresas juegan con las mismas reglas y asumen su responsabilidad en el futuro del planeta.

¿Qué ventajas supone para las empresas y para la naturaleza?

La norma supone una mayor competitividad para aquellas empresas que tengan en cuenta estos riesgos, ya que se posicionarán mejor en el mercado asegurando que sus productos, servicios o actividades cumplen con los derechos humanos y con los principios de sostenibilidad, buen gobierno y medioambiente. Además, permite analizar riesgos climáticos, garantizando una transición energética que tenga en cuenta los efectos de estas actividades a largo plazo.

¿Por qué WWF presta atención a esta norma?

En WWF seguimos de cerca el proceso de aprobación e implementación de esta norma, que está totalmente alineada con nuestro afán de velar porque los productos que se generan en la Unión Europea tengan en cuenta una serie de estándares en cuanto a derechos humanos y conservación de la naturaleza. Para WWF es imprescindible fomentar un mercado sostenible y una economía baja en carbono.

¿Cuáles son las peticiones de WWF con respecto a la Diligencia Debida?

Nuestras peticiones van un paso más allá en cuanto a la responsabilidad de las empresas en la conservación de la naturaleza, ya que solo así podrá garantizarse un mercado sostenible y una economía baja en carbono.

Se resumen en cuatro claves, la primera es que debemos incluir al sector financiero en el alcance de la directiva, con la obligación de establecer objetivos y planes de transición climáticos a largo plazo, revisables cada 5 años. La segunda clave es que las categorías deben estar actualizadas, atender a las consecuencias del calentamiento global e incluir el Acuerdo de París. En tercer lugar, los planes de transición climática deben ser rigurosos e incluir no solo la actividad de la empresa, sino también la de sus proveedores. Y por último, es necesario ligar la remuneración de la clase directiva a la consecución de los objetivos de sostenibilidad para asegurar su implementación.