Cierre de granjas de visón

Después de muchos meses de negociaciones y polémicas, el Congreso ha aprobado la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, pero en ella no se incluye el cierre de las granjas peleteras de visón americano, que WWF viene demandando desde hace años, y que supone una actividad cruel, innecesaria y peligrosa para la salud y el medio ambiente.

España está a la cola de los países europeos que han prohibido estas explotaciones.

Cada año se crían en estas granjas cientos de miles de ejemplares hacinados en pequeñas jaulas en condiciones deplorables para usar su piel en la confección de productos de lujo. Se trata de una actividad que resulta inaceptable en la actualidad y cuya prohibición está claramente justificada en una ley de bienestar animal. Además, estas granjas actúan como reservorio de diferentes zoonosis como la covid-19 o la gripe aviar, como ha puesto de manifiesto el reciente caso de gripe aviar registrado en una granja de visones americanos en Carral (A Coruña).

Según la investigación científica llevada a cabo, el virus de la gripe aviar saltó de las aves silvestres a los visones americanos de esta explotación peletera, mutando y adquiriendo la capacidad de transmitirse entre mamíferos. El alto poder patógeno del virus y el potencial riesgo de transmisión al ser humano, que podría provocar una nueva pandemia más grave aún que la del coronavirus, ha encendido las alarmas entre científicos, expertos y profesionales de la salud animal, humana y ambiental, ya que se vuelve a poner de manifiesto que las granjas de visón americano representan un peligro real e inasumible para la salud pública y para la biodiversidad.

El visón americano está catalogado en España como especie exótica invasora, y su presencia y expansión en el medio natural es responsable de la desaparición de especies muy amenazadas como el desmán ibérico, el visón europeo o el cormorán moñudo. El control de esta especie en el medio natural nos cuesta cada año alrededor de 6 millones de euros, y este coste no compensa la actividad económica de unas pocas granjas.

Por todos estos motivos, a pesar de la aprobación de la Ley en el Congreso y el Senado, seguiremos reclamando a los grupos parlamentarios que impulsen las medidas oportunas para el cierre urgente de estas granjas.