Nuestro derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2022 que todas las personas, en cualquier lugar, tienen derecho a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, lo cual significa que respetar esta idea ya no es una opción para quienes ejercen el poder, sino una obligación

Imagina un mundo en el que todas las personas respiran aire limpio, beben agua potable y comen alimentos producidos de manera sostenible. Imagina un mundo sin contaminación ni sustancias tóxicas, con un clima seguro, una biodiversidad saludable y ecosistemas florecientes.

¿Es un sueño imposible? No, en absoluto. Es la visión de un mundo en el que los gobiernos y empresas respetan el derecho fundamental de todas las personas de vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

En 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas por fin reconoció que todas las personas, en cada rincón del mundo, tienen ese derecho. Ahora nos toca ponerlo en práctica, como instaron los líderes mundiales también en 2022, en la conferencia Estocolmo+50, una reunión que conmemoraba la primera vez que las Naciones Unidas celebraron una conferencia internacional sobre medio ambiente en 1972. Cumplir ese derecho ya no es una opción, sino una obligación.

Poner en práctica el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible implica adoptar un enfoque basado en los derechos humanos frente a las crisis interconectadas que impiden a las personas vivir en armonía con la naturaleza: la emergencia climática, el deterioro de la biodiversidad y la contaminación generalizada.

Los derechos conllevan responsabilidades, tanto para los gobiernos como para las empresas y las personas. La carga principal recae en los gobiernos, que deben impulsar leyes y políticas que garanticen que todas las personas, sin discriminación, puedan ejercer sus derechos. En el contexto de salvar la naturaleza, esto significa promulgar y hacer cumplir restricciones sobre los combustibles fósiles y normativa para proteger las especies y espacios en peligro, financiar la restauración ecológica, retirar paulatinamente y regular mejor las industrias extractivas, exigir a las empresas que cumplan las diligencias debidas en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus cadenas de suministro, poner fin a los subsidios que alientan actividades que degradan los ecosistemas y transitar hacia un modelo sostenible de producción y consumo, incluyendo la transición a la economía circular.

Un enfoque basado en los derechos humanos significa escuchar las voces de todas las personas y garantizar que aquellas cuyas vidas, salud y derechos podrían verse afectados por una medida propuesta, tengan su lugar en la mesa donde se toman las decisiones. Este enfoque se centra en las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas y asegura la rendición de cuentas.

La historia demuestra, a través de los progresos logrados por abolicionistas, sufragistas, activistas por los derechos civiles y pueblos indígenas, lo poderoso que es el papel de los derechos humanos como desencadenante de cambios sociales transformadores. El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible puede ser el catalizador de cambios sistémicos, como han demostrado algunas naciones pioneras y acontecimientos recientes.

En más de ochenta países, el derecho a un medio ambiente saludable ha desencadenado legislación y políticas ambientales más firmes, una mejor implementación y observancia, una mayor participación del público y, lo más importante de todo, un mejor rendimiento ambiental. La ciudadanía de muchos lugares del mundo lo ha usado para proteger a las especies amenazadas y los ecosistemas en peligro.

Tras incluir el derecho a un medio ambiente saludable en su Constitución en 1994, Costa Rica se convirtió en un gigante ambiental a nivel mundial. El 30% de su superficie son parques nacionales. El 99% de su electricidad procede de fuentes renovables, incluyendo energía hidroeléctrica, solar, eólica y geotérmica. Las minas a cielo abierto y la explotación de gas y petróleo están prohibidas por ley, mientras que el impuesto sobre el carbono se usa para pagar a pueblos indígenas y agricultores para que restauren los bosques. Allá por 1994, la deforestación había reducido los bosques hasta el 25% de la superficie del país, pero hoy en día la reforestación ha llevado esa cifra a más del 50%.

Francia adoptó el derecho a un medio ambiente saludable en 2004, lo cual desencadenó la aprobación de nuevas leyes que prohibieron el fracking, implementaron el derecho a respirar aire limpio y prohibieron la exportación de plaguicidas cuyo uso no esté autorizado en la Unión Europea por problemas ambientales y de salud.

Costa Rica y Francia lideran la High Ambition Coalition for Nature and People, son miembros principales de la Beyond Oil and Gas Alliance y han sido las voces que han impulsado a nivel mundial la campaña por el reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente sano.

En los últimos meses, varias comunidades han usado el derecho a un medio ambiente saludable para bloquear actividades de extracción de petróleo y gas en alta mar en Argentina y Sudáfrica por su impacto potencial en mamíferos marinos. Este derecho también se ha usado para reclamar a los gobiernos de Indonesia y Sudáfrica que tomen medidas para mejorar la calidad del aire, así como para detener el proyecto de una central térmica de carbón en Kenia. En Ecuador se usó para proteger los bosques de la industria minera y, en Costa Rica, para eliminar el uso de un plaguicida que mataba a las abejas. En todo el mundo se están abriendo querellas basadas en el derecho a un medio ambiente saludable y todo indica que tienen muchas probabilidades de éxito.

Aunque no es jurídicamente vinculante, se espera que la resolución de la ONU acelere la acción para enfrentar la crisis ambiental mundial, al igual que ocurrió con resoluciones anteriores sobre el derecho al agua, en 2010, que precipitaron los progresos en el suministro de agua potable a millones de personas.

Es hora de convertir el sueño de un medio ambiente saludable en una realidad para todas las personas del planeta, aprovechando este derecho fundamental para desencadenar cambios sistémicos transformadores.