Robo del agua: ni una gota más

Hace solo unas semanas que terminó la Cumbre del Clima de Glasgow con algunos avances relevantes, pero muy lejos de la ambición y el compromiso que requiere la emergencia climática. La presión de la sociedad civil impidió retrocesos como el abandono del objetivo de mantener la temperatura del planeta por debajo 1,5°C, pero, sobre todo, la COP26 sirvió para volver a alertar sobre cómo el cambio climático está alterando nuestra realidad.

Tanto desde el mundo de la ciencia como desde organizaciones como WWF aprovechamos la Cumbre para advertir nuevamente de que el planeta se calienta más rápido de lo previsto y de que los fenómenos extremos se están generalizando con una intensidad desconocida hasta ahora. Aquí pudimos experimentarlo este pasado verano cuando las temperaturas llegaron a 47,4°C, batiendo todos los registros históricos.

Sin duda, el acceso al agua será uno de los grandes caballos de batalla de la crisis climática. El aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones harán que en España exista mucha menos agua disponible para las personas y la naturaleza.

Más del 75% de la superficie terrestre del país está en riesgo de desertificación en la actualidad, el 24% de los acuíferos ya están sobreexplotados y el 46% contaminados por nitratos procedentes de la agricultura y de la ganadería.

Por eso es injustificable que nuestros gobiernos sigan alentando la transformación en regadío de enormes extensiones de terreno donde hasta ahora se practicaba la agricultura de secano, un auténtico suicidio hídrico que no nos cansamos de denunciar.

El robo del agua: una investigación de WWF

En este contexto es más grave aún comprobar que el robo de agua no tiene final. Si el agua es vida, ¿cómo podemos permitir que cada día decenas de miles de pozos ilegales expolien ante nuestros ojos el recurso natural más importante para el futuro de nuestro país?

En un escenario de cambio climático como el actual, el agua subterránea es la garantía de suministro de un bien esencial, una reserva estratégica que no podemos malgastar, y por eso la connivencia política y la permisividad social ante este grave delito ambiental tiene que acabar.

Es difícil calcular cuánto agua extraen ilegalmente los agropiratas, porque ni siquiera se conoce a ciencia cierta cuánta agua se extrae de forma legal. Para averiguarlo, en WWF hemos investigado la situación en cuatro acuíferos sobreexplotados y que deberían alimentar zonas húmedas tan importantes como Doñana, Las Tablas de Daimiel, el Mar Menor, o el acuífero bajo Los Arenales castellanos, y la situación no puede ser peor: solo con el agua que se extrae ilegalmente en estas cuatro masas de agua subterráneas podrían llenarse 65.000 piscinas olímpicas o dar de beber a la mitad de los hogares de la Comunidad de Madrid durante un año.

Reconocemos los esfuerzos del Ministerio para la Transición Ecológica para cerrar pozos y explotaciones ilegales en Doñana o el Mar Menor, pero reclamamos que se actúe a una escala mucho mayor y, sobre todo, que se retiren los incentivos a este modelo de agricultura y ganadería industrial tan dañinas para la sociedad.

El derecho al agua y la salud de nuestros ecosistemas no pueden ser amenazados por la agricultura ilegal, pero para terminar con ella antes debemos acabar con la actual impunidad, algo para lo que debe activarse toda la sociedad, como está ocurriendo en el Mar Menor.

En WWF hemos declarado la guerra al robo del agua y no pararemos hasta lograr una agricultura respetuosa con la naturaleza, sostenible y legal.