Hace más de una década presentamos a la Comisión Europea una queja denunciando la extracción abusiva e insostenible de agua para la producción de fresas y otros frutos rojos, una situación que provoca un enorme daño a la naturaleza de Doñana. A comienzos de este verano el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció a España por el grave deterioro de este espacio. Repasamos a continuación estos años de robo de agua en el humedal más emblemático de Europa.

Las administraciones españolas están incumpliendo las leyes europeas, permiten la sobreexplotación del agua en Doñana y, por consiguiente, el continuo deterioro de sus valores naturales. Así de clara es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado mes de junio sentenció a España por el mal estado en el que se encuentra el Espacio Natural.

Esta decisión histórica exige a las administraciones públicas que dejen de mirar hacia otro lado y pongan fin a esta situación, provocada por el avance de la agricultura industrial y por el robo del agua desde pozos y fincas ilegales.

DOÑANA SE SECA

Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX, según nuestro informe Salvemos Doñana. La mala situación de estos ecosistemas acuáticos está afectando a la supervivencia de importantes poblaciones de aves acuáticas que dependen de la marisma, como la muy amenazada cerceta pardilla, entre otras especies de flora y fauna de gran valor.

Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales.

La crítica situación de Doñana ha estado en el punto de mira de diversos organismos internacionales como la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) o el Defensor del Pueblo español, que consideran indiscutible el mal estado del acuífero. Y ahora se suma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ante el estado alarmante del acuífero, en el año 2020 y tras años de denuncias, fueron declaradas sobreexplotadas tres de las cinco partes en la que está dividido para su gestión. Esta medida permite a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir establecer limitaciones a la extracción de agua y la suspensión de nuevas concesiones de aguas subterráneas, de acuerdo a la Ley de Aguas. Pero solo será eficaz si se acompaña de una aplicación estricta del Plan de la Corona Forestal.

PLAN DE LA FRESA Y LA CONSERVACIÓN DE DOÑANA

Un análisis que realizamos en 2019 demostraba que la clausura de 116 pozos ilegales por parte del MITECO durante los dos últimos años en Lucena del Puerto no logró disminuir la superficie de regadío ilegal en el ámbito del Plan Especial de la Corona Forestal debido a la inacción de las administraciones.

Conocido como el “Plan de la Fresa”, fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en 2014 con el objetivo de reordenar el territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable, pero también obligaba a eliminar la superficie regada sin permiso, incluyendo las fincas de índole forestal y las transformadas de secano a regadío en los últimos años.

Siete años después, el Plan de la Fresa no se cumple.

La superficie total de cultivos en zonas que no pueden regularizarse es de 1.653 hectáreas y se estima que hay más de 1.000 pozos ilegales en Doñana.

UNA SEQUÍA A CÁMARA LENTA

Después de una década sin años húmedos, las marismas del Parque Nacional están agotadas. Una situación que se recrudecerá debido el cambio climático, tal y como alertó Naciones Unidas sobre el Clima (IPCC). La mitad de los cauces superficiales y casi el 60% de los acuíferos que aportan agua a Doñana no alcanzan los estándares europeos, de acuerdo con las exigencias de la Directiva Marco del Agua.

Ante ello, el principal instrumento para resolver este problema, el Plan Hidrológico del Guadalquivir, en revisión hasta el próximo mes de diciembre, contiene 24 medidas que afectan directamente a Doñana y al Estuario del Guadalquivir. Sin embargo, este futuro Plan no asegura su conservación, ya que solo se destinará un 11% de los 448 millones de euros presupuestados para resolver los problemas específicos de los ríos y acuíferos que nutren a este humedal.

El borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir no responde a las necesidades de Doñana, no da cumplimiento a las recomendaciones de la UNESCO del pasado mes de julio, ni tampoco plantea todas las medidas necesarias para cumplir con la sentencia del Tribunal de la Unión Europea.

¿CÓMO SALVAMOS DOÑANA?

En esta legislatura se han producido algunos avances en el cierre de pozos y el acuífero ha sido declarado “en riesgo de no alcanzar sus objetivos ambientales”, pero la Junta de Andalucía, que tiene competencias en la gestión de Doñana, agricultura y ordenación del territorio, debe cerrar con carácter urgente todas las fincas ilegales, que no se pueden regularizar en ningún caso.

La Junta de Andalucía debe cerrar todas las fincas ilegales y recuperar los montes públicos ocupados por la agricultura ilegal.

También debe recuperar los montes públicos ocupados por la agricultura ilegal. Es imprescindible que haya voluntad política y recursos para ejecutar el Plan de la Corona Forestal, que languidece deliberadamente sin medios ni personal suficientes. Asimismo, se tienen que implementar urgentemente las medidas planificadas para las captaciones de Matalascañas y frenar aquellas infraestructuras hidráulicas al norte de Doñana destinadas a favorecer el avance de la agricultura intensiva y que provocarán la transformación irreversible de las valiosas marismas de Aznalcázar.

Hay que garantizar que los nuevos Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia no se utilicen para financiar nuevas infraestructuras hidráulicas que dañen Doñana con la excusa de su recuperación. Los fondos se deben usar para un nuevo proyecto de restauración hidrológica a gran escala que incluya la recuperación del Caño Guadiamar, los Garridos y Veta Alí, asegurando la llegada de los caudales superficiales históricos que inundaban la marisma a través de la cuenca del Guadiamar.

La sentencia europea recuerda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central su responsabilidad y la urgencia de actuar. De lo contrario, podrá imponer una multa millonaria a España, como ya ha sucedido por la mala gestión de las aguas residuales. Doñana se encuentra en la situación más grave de su historia: débil, asediada por amenazas antiguas y nuevas y por el cambio climático. Tenemos que evitar que se llegue al punto de no retorno.